A propósito de construcciones y plásticos...

A propósito de construcciones y plásticos...

Hernán Narbona Véliz

Cuando escribo este artículo llueve copiosamente y en la televisión se muestra como flamea el plástico en las nuevas construcciones anegadas, el desconsuelo de los afectados, la indignación que crece, las disculpas. Después de una tremenda sequía, la madre Naturaleza nos ha regalado su lluvia vivificante. Pero, por negligencias del hombre, por ineptitudes, falta de previsión, o simplemente por la fría aplicación de reglas de un mercado imperfecto, miles de familias de modestos recursos se han visto damnificadas en esta ola de temporales.

Es una situación que debiera remecer substancialmente los estilos aplicados hasta ahora en la solución habitacional para la clase media baja y sectores populares del país. Porque si bien es cierto que se ha construido una cantidad enorme de viviendas, el punto se centra hoy en su calidad. En donde la experiencia histórica, de los tiempos de la CORVI, que hoy es preciso destacar, es la participación popular en la construcción por vía cooperativa, con una supervisión directa de las obras, que aseguraba que nadie redujera costos con cargo a la seguridad de la vivienda. Hoy es una demanda a gritos proteger al comprador. Se trata de un segmento amplio de la población chilena que quiere que su sueño de la casa propia no se convierta en pesadilla. Se trata de gente cumplidora, que paga sagradamente sus dividendos, con bajísimas tasas de morosidad. Esos son los clientes que se ven defraudados por la situación actual.

Es urgente que en este mercado inmobiliario la gente pueda participar con una buena asesoría en costos, que permita supervisar de verdad, lo que con sus ahorros y el aporte del Estado, pueden comprar. Si se compara el costo de construcción y los niveles de calidad de la vivienda popular de Chile con otros países, se aprecia que el metro cuadrado construido en barrios populares fluctúa entre 350 y 450 dólares el metro cuadrado, con uso de materiales baratos, como bloques o paneles de fibrocemento, en vez de ladrillos, contra un valor de US$ 300 que cuesta el metro cuadrado en Bolivia o US$ 270 en República Dominicana. Y la escala humana de las viviendas en estos dos países que conozco, es muy diferente. Las casas para sectores populares son de unos 80 a 120 metros cuadrados, contra los escasos 50 o 60 metros que tienen en Chile.

¿Basta con una ley sobre la calidad de las construcciones ? Pienso que no. Porque el comprador de la vivienda es víctima pasiva de un sistema que no lo integra a las etapas previas. Y se ha visto que la capacidad de supervisión y efectividad de los inspectores de SERVIU ha sido muy cuestionable. Y lo han sido también los diseños de escritorio para las viviendas populares, donde parece haber primado un criterio economicista, que se traduce en construcciones débiles, de dudosa calidad.

A propósito de esto, que entra en un tema de fondo en la gestión pública, quiero traer al tapete un párrafo del documento Economía y Convivencia Nacional, preparado por la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal de Chile, en donde se entregan elementos para un discernimiento cristiano en materias relacionadas con la gestión económica. El artículo 35 de este documento de reflexión señala : “Todo parece indicar que es más urgente la búsqueda deliberada de una participación más activa ya sea entre el ámbito público y el privado, como entre los sectores sociales involucrados (sectores empresariales, profesionales y destinatarios de las políticas) en la definición de los objetivos, gestión y evaluación de los resultados. Salir de la pobreza es un proceso de múltiples dimensiones en que las personas deben ser convocadas a desarrollar sus potencialidades en función de una calidad de vida más humana. En este sentido, tenemos necesidad de fortalecer y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y participativas, a las que compete la toma de decisiones económicas relevantes para la comunidad nacional. Se trata de la verificación institucional y cultural del principio moral de solidaridad social y de mutua responsabilidad que debe caracterizar cualquier sistema económico que respete la dignidad de las personas.”

Creo que Chile debe responder con cambios drásticos al actual problema en la construcción. Porque trasladar la ejecución de obras a los privados puede ser una solución positiva, siempre y cuando los trabajos y sus costos sean supervisados con rigurosidad y que la relación público-privada en este sentido no se vea distorsionada por la corrupción. Que la propia gente interesada pueda supervisar la marcha de la construcción sería una modificación de fondo, que traería transparencia y equidad a los programas sociales de superación de la pobreza.

PARA TRIBUNA, DIARIO LA ESTRELLA : sábado 14 de junio de 1997