Concesiones y Corrupción.
Hernán Narbona Véliz
Las obras públicas en concesión no son algo esotérico que requiera eminencias grises ni que se inventen “funciones críticas”. Los ingenieros civiles chilenos están preparados para planificar obras públicas, definirlas hasta la ingeniería de detalle y para organizar correctamente un sistema de contratos de concesión. El hecho de entregar una obra y cofinanciarla con un contratista – que puede cobrar peajes por un tiempo convenido- es una forma contractual recomendada por el Banco Mundial para complementar esfuerzos públicos y privados. Sólo se requiere para esto que exista transparencia y rigor técnico en los procesos de licitación internacional.
En el caso de los escándalos del MOP, las obras pudieron realizarse a costos reales, pero se los distorsionó al inventarse un sistema de sobreprecios que sacaba fondos del presupuesto público, para que retornaran de manera disfrazada, bajo la forma de honorarios a los propios funcionarios que manejaban las concesiones, por supuestos servicios prestados en horarios no laborables a una empresa consultora que realizaba la triangulación.
Lo legal es que un funcionario público tiene una función que cumplir y una definición funcional. Por lo tanto, nada justifica que reciba sobresueldos por la misma labor para la cual se le contrató. Peor aún es la trenza de intereses que surge cuando quien debe preparar los pliegos de una obra y supervisar su ejecución, se prende al negocio del contratista o concesionario, ya que esto pone en alto riesgo la calidad de las obras y genera un tejado de vidrio para todos los involucrados.
En el caso MOP se está frente a una organizada máquina basada en pactos de silencio y que han tratado de justificarse como si la materia de su trabajo exigiera competencias tan sofisticadas que nadie más pudiera cumplirlas. Para corregir de fondo estas situaciones, lo procedente sería que quienes resulten culpables de delitos en las causas que lleva la Justicia, sean removidos del servicio público y reemplazados en un Concurso Público por nuevos funcionarios, los cuales tendrían las manos limpias y cubrirían las competencias de rigor para atender estas funciones. Basta pensar la cantidad de profesionales que esperan una oportunidad para inferir que una limpieza radical es posible y saludable para la credibilidad y la transparencia del Ministerio de Obras Públicas de aquí para adelante.
Las concesiones corresponden a un estilo moderno de gestión pública en donde se supone que el contratista seleccionado mediante una licitación internacional, se compromete a aportar el capital de trabajo o la tecnología necesarios para la realización de un proyecto, teniendo como contrapartida el derecho a explotar la obra a tarifados previamente acordados, durante un tiempo determinado. Son los contratos BOT (Build, Operate and Transfer), que permiten dinamizar obras de infraestructura con la captación de inversionistas privados. El asunto es que esto debe hacerse mediante licitaciones públicas que sean totalmente transparentes. Un aspecto que se transgredió cuando un grupo de contratistas se puso de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para repartirse el mercado, a cambio de entrar en un sistema de sobrevaloración de contratos y triangulación de fondos.
La situación que vive el gobierno es jurídica y políticamente insostenible. Ofende además a la inteligencia de la gente señalar como se ha hecho que sin este sistema Chile no habría tenido crecimiento de infraestructura. Sí lo habría tenido y en términos más económicos y seguros. Las investigaciones judiciales han descubierto una forma de trabajo que rompía con los principios de probidad administrativa, que desviaba fondos públicos y generaba colusión de intereses entre agentes públicos y privados. Esto, por donde se le mire, es corrupción. Las grandes obras públicas del gobierno concertacionista pudieron cumplirse igual, a menor costo y con una fiscalización y controles confiables, si no hubiesen existido sobreprecios y si los funcionarios encargados de su ejecución, regulación y fiscalización hubiesen mantenido su independencia, sin entrar en negociaciones impropias, que les significaron mantener intereses personales en las obras y contratos en los que les tocaba intervenir.
No se puede dejar que esto se borre por un acuerdo cupular. La ciudadanía debe levantar banderas anticorrupción y reaccionar con fuerza cívica. Pese a la frustración que deja el haber votado por la recuperación de la democracia y de los valores republicanos y comprobar esta defraudación moral, es preciso buscar soluciones. No rasgamos vestiduras con oportunismo, porque hemos sido persistentes desde el comienzo de los escándalos de corrupción en denunciarlos y marcar caminos éticos para la gestión pública.
Insisto finalmente en algo clave: es necesario que se procese a quien corresponda y que de acuerdo al Estatuto Administrativo y la Ley de Probidad se sancione a los culpables, yendo al recambio de los especialistas por profesionales dispuestos a manejar los proyectos como se debe. Lamentablemente, no existe aún la Defensoría Ciudadana que pudiera exigir auditorías de los contratos que se manejaron en las cajas negras y que últimamente han sido secretos del sumario. Pero cuando hablamos de sanción, la misma debe alcanzar también a los privados que actuaron estafando al Estado, los que nunca más debieran participar en contratación pública, así cambien de RUT o se escondan en otras razones sociales. Es lo mínimo que el sentido común reclama para borrar esta etapa negra para el Estado chileno.
10-may-03
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